Amnistía Internacional presenta informe sobre violaciones a DH del ejército mexicano

Falta voluntad política para erradicar impunidad castrense

Violaciones a DH por militares, práctica recurrente en México: AI

Por Anayeli García Martínez

México DF, 8 dic 09 (CIMAC).- La respuesta del Estado mexicano para frenar las violaciones a derechos humanos cometidas por militares ha sido ineficaz y por el contrario, a raíz de los operativos para “combatir” la delincuencia organizada, las violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones, detenciones arbitrarias y la tortura, se han disparado.

Así lo dio a conocer Amnistía Internacional (AI) al presentar hoy su informe “México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército, el cual examina cinco casos de violaciones de los derechos humanos de un total de 35 ocurridos entre octubre de 2007 y agosto de 2009 en Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.

Alberto Herrera, director ejecutivo de AI México, reiteró el riesgo que implica el hecho de que el Ejército realice tareas de seguridad pública y que las violaciones a los derechos humanos por militares no son excepcionales, y alertó que son una práctica que se ha vuelto recurrente y en algunas zonas hasta “habituales”.

Los casos de violaciones sexuales, abusos y asesinatos a mujeres a manos de militares han sido muy documentados, sin embargo, ninguno ha sido juzgado ni castigado, fenómeno preocupante si a esto se añade que en la administración de Felipe Calderón se disparó el número de violaciones de hombres, mujeres, niñas y niños, destaca AI.

En entrevista con Cimacnoticias, Cipriana Jurado del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), dijo que la llegada del Ejército a Chihuahua va de la mano con el aumento en la impunidad que impera en mujeres violadas, torturadas y asesinadas.

Pero a pesar de la gravedad, agregó, no hay voluntad política del gobierno del estado para erradicar esta inseguridad y para prevenir los ataques de los cuerpos castrenses.

Cuestionada sobre un presunto un vínculo entre el feminicidio y los cárteles de la droga, Cipriana Jurado respondió que este es un tema a investigar porque no se ha comprobado un vínculo contundente, pero lo que sí está claro es que los narcotraficantes siguen en la calle y los detenidos son los vendedores de droga al menudeo.

Por otro lado mencionó que el Ejército y la Policía Federal Preventiva se aprovechan de las mujeres, quienes son “tocadas” sin ninguna razón. Por ello sentenció: “no se puede rescatar la ciudad de la violencia con más soldados, policías o armas”.

IMPUNIDAD E IMPARCIALIDAD MILITAR

AI reitera en su informe que cuando los abusos son perpetrados por miembros del ejército, la respuesta del Estado a todos los niveles es ineficaz. El hecho de que ni las autoridades civiles ni las militares emprendan acciones eficaces para prevenir y castigar estas graves violaciones de derechos humanos equivale a ser cómplices de ellas, señala.

La falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia militar, al ser este el encargado de investigar y juzgar al personal militar acusado de violaciones de derechos humanos, ha sido un obstáculo para terminar con la impunidad, dice.

A finales de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había recibido casi 2 mil quejas de abusos a manos del ejército desde comienzos de 2008. En 2007 se recibieron 367, mientras que en 2006 sólo fueron 182 quejas. Durante los últimos tres años, este organismo formuló 3 recomendaciones en la materia.

No obstante, son pocos los casos de abusos a manos del ejército en los que se ha adoptado alguna medida, pues son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados, donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales o las del tribunal.

El artículo 57 del Código de Justicia Militar define como delitos contra la disciplina militar los “cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”, por lo que los tribunales federales han interpretado que las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por personal del ejército deben estar sujetas a la jurisdicción militar.

A pesar de que en años recientes hubo discusiones acerca de la modernización del Código Penal Militar para ajustarlo a otras reformas de la justicia penal, no se ha llegado a ninguna propuesta concreta para reformar el Artículo 57 del código y restringir el alcance de la jurisdicción militar sobre delitos cometidos por personal del ejército contra civiles, tal como disponen las normas y recomendaciones internacionales de derechos humanos.